CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN
CIVIL
AC6724-2014
Radicación nº
11001-02-03-000-2014-00197-00
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre
de dos mil catorce (2014).
Procede la Corte a resolver lo que
corresponda sobre el recurso de queja de Mauricio García Morales, frente al
auto de 4 de diciembre de 2013, por medio del cual se negó el de casación de
la sentencia de 7 de septiembre de 2011, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso
ordinario que adelantan Helena Plata de García y Olga Inés Plata de
Gutiérrez contra el impugnante.
- ANTECEDENTES
- Las demandantes promovieron acción
de dominio respecto de un inmueble urbano localizado en esta ciudad, que les
debía ser devuelto, con sus frutos «comerciales,
civiles y naturales» (folios 1 al 12, cuaderno
1).
- El poseedor se opuso y reconvino en
pertenencia (folios 22 al 28 cuaderno 1 y 16 al 25, cuaderno 2).
- La sentencia de primera instancia
negó la prescripción, acogió la reivindicación y condenó al poseedor a
restituir la vivienda, además del pagó de ciento tres millones seiscientos
ochenta mil pesos ($103’680.000) por rendimientos (folios 56 al 73, cuaderno
1).
- Apelado el fallo por el vencido, el
Tribunal lo confirmó, con la salvedad de que la condena pecuniaria es por
veinte millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y un pesos
con treinta y seis centavos ($20’647.381,36), más lo que se siga «produciendo hasta la entrega del bien raíz» (folios 40 al 41, cuaderno 3).
- El usucapiente interpuso recurso de
casación, que concedió el ad quem (30 may. 2012), al considerar que el auxiliar designado avaluó el
inmueble en «la suma de $291’696.000 y los frutos civiles
equivalieron a $20’647.387,36, para un monto total de $312.343.387,36», que supera el tope de ley para el efecto (folios 99 al
101).
- Esta Sala (17 sep. 2012) dispuso
regresar las actuaciones al Tribunal de origen porque se precipitó, toda vez
que (folios 247 al 252):
- Los fundamentos esbozados por el
perito «no avalan los resultados a los que llegó, y,
en contraste, dejó de apreciar otro medio de convicción que milita en el
expediente», refiriéndose al informe rendido en
primera instancia, en el cual se destaca que el inmueble «se encuentra en total abandono» y que
allí «es imposible la habitualidad (sic) del ser
humano».
- La experticia tuvo en cuenta el
avalúo catastral, utilizando dos herramientas normativas diseñadas para
situaciones muy diferentes, «1) el valor máximo del
arrendamiento para vivienda urbana (artículo 18 de la Ley 820 de 2003), y 2)
el valor de referencia para el remate judicial en procesos de ejecución (inc.
5º del artículo 516 del Código de Procedimiento Civil)».
- Agotada la complementación del
experto, el juzgador de segundo grado negó la impugnación extraordinaria
apartándose de ese informe porque, con base en certificación de la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital, el «valor real
del inmueble (…) era el que tenía el metro cuadrado de terreno de acuerdo al
registro alfanumérico del predio para el año 2011»,
ascendiendo a noventa y un millones ochocientos mil pesos ($91’800.000), que sumados a los frutos
civiles, no supera el monto exigido (folios 211 al 218).
- Frente a lo resuelto se formuló
reposición, y en subsidio, se solicitó la expedición de copias con el fin de
acudir en queja ante esta Corporación. Aquel se desató adversamente el 15 de
enero de 2014, ordenándose la expedición de las reproducciones (folios 228 al
230).
- Suministradas las expensas y
retiradas las piezas, el afectado sustentó la queja en tiempo, alegando que el
ad-quem se alejó totalmente
del dictamen pericial y de su aclaración y complementación, utilizando como
única tasación «el valor del metro cuadrado de
terreno establecido en el avalúo catastral del inmueble», desconociendo con ello lo señalado en el auto que declaró
prematuramente concedida la casación (folios 232 al 240).
- Por Secretaría se dio el
correspondiente traslado mediante fijación en lista, que trascurrió en
silencio (folios 243 y 245).
- CONSIDERACIONES
- El artículo 366 del Código de
Procedimiento Civil contempla que «[e]l recurso de
casación procede contra las (…) sentencias dictadas en segunda instancia por
los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución
desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425)
salarios mínimos legales mensuales vigentes», entre
otras, en «las dictadas en los procesos ordinarios o
que asuman ese carácter».
- En la presente acción, el
sentenciador estimó que el interés pecuniario valorado a la fecha en que se
profirió la sentencia no excede la cuantía legalmente señalada para que
proceda el recurso de casación, recalcando al desatar la reposición que
«se avocó el estudio de las sucesivas aclaraciones
al dictamen pericial decretado y como este no colmó las expectativas, se
decidió -utilizando las pruebas recaudadas- aplicar la metodología empleada
por Catastro Distrital que deviene de un estudio estadístico del valor de los
predios en el mercado inmobiliario».
- Mientras tanto, el opugnador
considera que en la experticia se valoraron adecuadamente las circunstancias y
particularidades que rodean el inmueble, y la norma no faculta sustituir ese
medio probatorio, pues, de existir inconformidad, puede solicitarse
aclaración, adición o ampliación.
- Cuando en un trámite coinciden, en
virtud de la reconvención, una acción de dominio con la prescripción
adquisitiva del bien poseído, el quantum del interés para recurrir en casación corresponde a la sumatoria
del valor comercial del bien y los frutos reconocidos u omitidos en la
decisión, siendo necesario su «justiprecio por un
perito cuando no aparezca determinado en el expediente», al tenor del artículo 370 del Código de Procedimiento
Civil.
Al respecto ha señalado la Corte
que
(…) tratándose de un proceso ordinario,
como el que corresponde a las acciones de pertenencia y reivindicatoria de
bienes inmuebles, el artículo 366 del C. de P. Civil condiciona la concesión
del recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda
instancia, al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente, cuyo
monto debe ser igual o superior a cuatrocientos veinticinco (425) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, (…) Ahora bien, como la resolución
desfavorable al recurrente se contrae al valor del bien inmueble cuya
prescripción adquisitiva de dominio fue denegada y de los frutos civiles
reconocidos a la sociedad reivindicante, corresponde establecer, entonces, si
en el proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia recurrida en
casación, existen los medios probatorios que permitan estimarla (auto de 4 de agosto de 2010, exp.
2009-01834).
- Tiene incidencia en la decisión que
se está tomando lo que se pasa a relacionar:
- Que el objeto de la discusión
corresponde a un bien raíz con folio de matrícula inmobiliaria 50C-31857
(folios 1 al 12, cuaderno 1 y 16 al 27, cuaderno 2).
- Que la sentencia de segunda
instancia confirmó la negativa de la usucapión y la procedencia de la
reivindicación, fijando los frutos civiles en veinte millones seiscientos
cuarenta y siete mil trescientos ochenta y un pesos con treinta y seis centavos
($20’647.381,36), a esa
fecha (folios 40 al 41, cuaderno 3).
- Que el poseedor recurrió en
casación y el juzgador la
concedió (30 may. 2012), previo avalúo del inmueble (folios 99 al
101).
- Que esta Sala declaró prematuro ese
proceder, puesto que «no realizó una valoración
adecuada del dictamen rendido» (folios 247 al
252).
- Que se agotó por el ad quem la complementación de la
experticia (folios 138 a 145 y 153 a 160).
- Que el Tribunal negó el recurso (4
dic. 2013), al considerar defectuoso el análisis y las deducciones realizadas
por el profesional designado, por lo que el estimativo comercial del lote lo
limitó al valor del «metro cuadrado de terreno de
acuerdo al registro alfanumérico del predio para el año 2011», que, sumado a los rendimientos dejados de producir, daba un
valor menor al interés establecido por la ley (folio 211 a 218).
- Del examen de las copias allegadas
se advierte que la decisión que es materia de reparo se tomó pasando
por alto aspectos importantes, que inciden en la procedencia del ataque
propuesto, a saber:
- Para desatender el trabajo del
perito, dijo el juzgador que
(…) incurre en algunos de los reparos
hechos en el auto que declaró prematura la casación concedida, en efecto, en
uno de sus apartes halla valores con fundamento en mecanismos que aplican
cuando se trata de especificar el valor comercial del inmueble para fijar el
canon de arrendamiento (ley 820/2003) y, la otra metodología, insiste en
despejar el valor del inmueble como si se tratase de un caso de avaluó para
remate judicial en proceso de ejecución apreciaciones que no pueden ser
tenidas en cuenta, pues no se está en presencia de tales eventos (folio 215 y 216).
No obstante estimó que, al haberse
incorporado al expediente un documento oficial que da cuenta del valor del
metro cuadrado para la zona y en la época de la sentencia, éste era
insuficiente en el justiprecio de la desventaja patrimonial sufrida por el
censor, no sin antes advertir que sólo se contabilizaría el costo del suelo,
ya que la construcción «se encuentra en estado de
ruina» y «esa
condición emerge en forma clara de los diversos elementos de prueba que se
encuentran a lo largo de la actuación», por lo que
«no sería razonable establecer el valor del inmueble
sobre la base del metro cuadrado del área construida».
Vista así la actuación, no era suficiente
la sola certificación catastral, que sólo revela generalidades y no contiene
el estimativo del predio en juego frente a las condiciones del mercado
inmobiliario de la zona.
Y es que cuando el perjuicio, o parte del
mismo como acá sucede, depende del estimativo comercial de un bien raíz,
éste debe ser el producto de un estudio pormenorizado de sus condiciones, así
como el análisis de las leyes de oferta y demanda vigentes en el comercio para
la fecha del fallo.
En ese sentido tiene dicho la Corporación
que
(…) cuando el agravio pueda depender del
avalúo de un bien inmueble, en orden a conocer a cuánto asciende el memorado
interés se impone el decreto y práctica del peritaje aludido en el artículo
370 citado, toda vez que, por las vicisitudes relativas a la ley de la oferta y
la demanda, producidas por los vaivenes en los que naturalmente se mueve la
economía, esa es la forma objetiva más adecuada en orden a conocer cuál es
el valor actual de una especie de esa naturaleza, las que, por esas mismas
circunstancias económicas, por la volatilidad de los mercados y por los
efectos propios del paso del tiempo, tienen la probabilidad no solo de aumentar
de valor, sino que también pueden depreciarse” (auto de 15 de febrero de 2011, exp. 2011-00109-01).
Y más recientemente agregó que
(…) cuando la “determinación del
interés para recurrir en casación” se circunscribe a un bien raíz es
imperioso un examen exhaustivo del mismo, aunado a una labor de estudio
comparativo del mercado inmobiliario, realizados por alguien versado en la
materia, que permitan conocer su valor comercial para la fecha en que surge el
agravio (…) No se cumple esa labor cuando se toma como base el avalúo
catastral incrementado en un cincuenta por ciento (50%), conforme señala el
artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de supuestos
diferentes, ya que el alcance de esa norma se restringe a los procesos de
ejecución (auto de 23 de marzo de 2012, exp.
2006-00345).
- El auxiliar de la justicia en su
trabajo aclaró que el predio se encuentra en mal estado, «con tendencia general del mismo a física, real y materialmente a
ruina», y que después de analizar las
características de la construcción, «el valor
comercial de este inmueble se determinó a través de los métodos de
reposición y comparación directa del mercado, tomando como referencia precios
de oferta y demanda en el sector de bienes similares o físicamente
comparables», asignándole un valor de doscientos
sesenta y nueve millones doscientos noventa y tres mil seiscientos ochenta
pesos ($269.293.680).
Posteriormente explicó que para llegar a
dicho valor era adecuado, habida cuenta del notorio estado de deterioro de la
construcción, «deducirle el cuarenta por ciento
(40%) al promediado valor de $1´246.731, por m² de construcción, generando
así el valor de $748.038,60 por metro cuadrado construido, el cual
multiplicamos por el total del área de construcción de trescientos sesenta
metros cuadrados (…) para el gran total de $269.293.986» (folio 153 a 160).
Por su parte el Tribunal precisó que siendo
un área de 180 m² con un valor individual de quinientos diez mil pesos
($510.000), el precio total del terreno es de noventa y un millones ochocientos
mil pesos ($91.800.000), lo que marca una diferencia ostensible.
De esta manera, si el informe no cumplió con
las condiciones de ser «claro, preciso y
detallado», ni se explicaron los «exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados», que generen credibilidad sobre el precio
de mercado del lote y su edificación, debió exigirse al profesional que
profundizara sobre los puntos constitutivos de duda, sin entrar a sustituir su
dicho con un estimativo oficial.
- Al excluirse de tajo lo señalado
por el perito y lo referente a la edificación, sin que el documento allegado
por catastro se adecúe a las reglas expuestas por esta Corporación al no
estar sustentada en «especiales
conocimientos» a la luz del artículo 233 del Código
de Procedimiento Civil, sino en el «análisis
estadístico del mercado inmobiliario», según indica
el artículo 7º del Decreto 3496 de 1983, se incurrió en la misma falencia
que se la achaca a la experticia, ya que la justificación luce exigua y
extraña frente a lo perseguido.
Quiere decir que, en lo que respecta a la
vivienda que se reclama en pertenencia, así esté en avanzado estado de
deterioro, no hay claridad ni precisión sobre a cuánto asciende su importe
económico, situación que impide tener como definido el quantum para recurrir.
- Deberán adoptarse, por tanto, las
medidas a que haya lugar para definir con precisión el contenido económico de
la controversia, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente
pronunciamiento.
- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar
que fue prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, negando la concesión del recurso de casación dentro del proceso de
la referencia.
Segundo: Devolver
la actuación surtida a la oficina de origen, para que allí se determine el
interés para recurrir, y una vez agotada la actuación pertinente, proceda
como corresponda.
Notifíquese
FERNANDO GIRALDO
GUTIÉRREZ
Magistrado